Ecuador invita a la sociedad un debate sobre el acuerdo regional de ESCAZÚ

Ecuador invita a la sociedad un debate sobre el acuerdo regional de ESCAZÚ

Nubia Morales

La Cancillería de Ecuador invitó este domingo, 25 de noviembre, a la sociedad a participar en un debate sobre la aplicación del acuerdo de Escazú, referente a la participación pública y acceso a la información y justicia en asuntos ambientales alrededor de América Latina y El Caribe.

El evento está previsto este lunes en el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural de Quito, en el que participarán miembros de la sociedad civil y líderes ambientalistas con el objetivo de intercambiar criterios sobre la implementación del acuerdo en Ecuador, señala en un comunicado el Ministerio de Exteriores.

El panel de expositores está conformado por el director de Derechos Humanos y Paz, Luis Espinosa, y la directora de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Cancillería, Pamela Rocha, además de la delegada del Ministerio del Ambiente, Selene Défaz.

También intervendrán la oficial de Asuntos Económicos de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Valeria Torres, y un delegado de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos de Ecuador, ONG que aborda cuestiones ambientales.

El pasado 27 de septiembre se marcó las reuniones de la Asamblea General de la ONU, Ecuador suscribió junto a once países de la región el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú. La nación andina inició el proceso interno de ratificación del instrumento regional, que tiene carácter vinculante y exhorta a fortalecer en el país y la región la transparencia en el manejo de la información sobre temas ambientales, la participación ciudadana y el acceso a la justicia en caso de existir litigios en materia ambiental. El acuerdo protege a los defensores de los derechos humanos en cuestiones ambientales y establece garantías de defensa de su labor, además de contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030.